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Primera condena de desmovilizado de las AUC bajo Ley de Justicia y Paz
Bogotá, 20 mar. 2009
A una sentencia de 70 meses de prisión fue condenado Wilson Salazar Carrascal conocido como “el loro, lorenzo o cepillo”, desmovilizado del frente Julio Cesar Peinado Becerra del bloque norte de las Auc.
El fallo fue emitido por el Magistrado Eduardo Castellanos, en las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 19 de marzo.
La pena -que se definió con base a los delitos imputados durante las diferentes etapas del proceso judicial, como, homicidio agravado, extorsión, porte ilegal de armas, fuga de presos y falsedad en documento público- fue apelada por los abogados que representaron a las víctimas, por lo que deberá intervenir la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
El total de la sentencia de alias “el loro” por la justicia ordinaria, era de 460 meses de prisión, 38 años, pero debido a su postulación a la ley denominada de Justicia y Paz, se procesó con base a la pena alternativa a la que tienen derecho los desmovilizados. En su caso, el Magistrado, Eduardo Castellanos, determinó la pena de 70 meses de prisión. Ésta, permanecerá suspendida hasta que se le compruebe el delito de concierto para delinquir.
La decisión, además de la sentencia, incluyó los incidentes de reparación integral a la que tienen derechos las víctimas de “El loro”.
Lo anterior contempla medidas reparatorias simbólicas mediante diversos actos que propenden por el reconocimiento del dolor de las victimas; medidas de rehabilitación que incluyen apoyo psicológico, a fin de determinar la asistencia para el manejo del duelo y medidas de satisfacción con el objetivo de garantizar una reparación integral.
Este veredicto se convierte en el primer fallo para un desmovilizado que se ha acogido a la ley de justicia y paz, y da cuenta del trabajo que está desempeñando la justicia, para garantizar a las personas que han sido víctimas de grupos armados al margen de la ley, sus derechos.
Medidas de reparación
El Magistrado ordenó la reparación integral a las familias de las víctimas de los homicidios que él reconoció haber ejecutado. Ellas fueron, Luis Alberto Piña Jiménez, Aída Cecilia Lazo Gemade, ex candidata a la alcaldía de San Alberto, (Cesar), y su hija, Sindy Paola Rondón, menor de 13 años quien murió en el intento de proteger a su madre.
Para la familia de la ex candidata y la menor, además del monto económico, se estableció la orden de realizar un acto de conmemoración simbólica, un comunicado en el que el desmovilizado pida perdón de manera pública, y en el quede registrado su intención de no volver ha reincidir en los mismos hechos. En conmemoración de la menor, se pidió colocar su nombre a la institución en la que adelantaba sus estudios, así como la realización de una biografía.
Para los hijos de Alberto Piña Jiménez se ordenó que la administración del dinero destinado para ellos, fuera manejado por un fidecomiso. Así mismo, que se garantice su acceso a salud y educación primaria y secundaria gratuita y preferencia a becas universitarias.
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