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Comunicado
del Vicepresidente de la República
Bogotá,
3 de abril de 2010
La
decisión del Tribunal Europeo de derechos humanos
de suspender la extradición del criminal de guerra
Yair Klein a Colombia es una página negra para
los derechos humanos en el mundo, favorece la impunidad
de los crímenes cometidos por el señor
Klein y sus alumnos paramilitares en Colombia, negando
la verdad y la justicia para sus víctimas. Este
es un fallo que avergüenza a la humanidad, a las
víctimas y a la causa de los derechos humanos.
Los
crímenes cometidos por los alumnos del señor
Klein están comprobados en Colombia, su participación
como instructor debidamente documentada y el juicio
al cual fue sometido contó con todas las garantías
procesales; si quisiera apelar ese fallo, la legislación
colombiana le proporciona recursos para hacerlo.
Es
falsa la razón que argumenta el señor
Klein al manifestar que en Colombia podría ser
torturado o sus derechos humanos vulnerados. Klein y
el Tribunal Europeo desconocen que en cada cárcel
colombiana funciona un Comité de Derechos Humanos
con representantes de los internos y que además
existe la Defensoría del Pueblo para velar por
los derechos de los reclusos.
Es
una vergüenza que el instructor de los asesinos
de la Rochela, de Luis Carlos Galán, de Bernardo
Jaramillo Ossa, de Héctor Abad Gómez,
de cientos de campesinos, de decenas de funcionarios
judiciales, defensores de derechos humanos y periodistas,
entre otros, alegue que sus derechos humanos serían
violados cuando jamás él respetó
los de sus víctimas.
El
Estado colombiano reconoce el voto disidente de los
dos jueces que se opusieron a esta decisión y
expresa su preocupación por este tipo de determinaciones
que manifiestan un doble rasero sobre los violadores
de derechos humanos: mientras se exige a Colombia que
no haya impunidad se facilita la impunidad de un criminal
confeso de guerra.
El
Estado y la sociedad colombiana esperan que las organizaciones
de derechos humanos y los organismos multilaterales
expresen su rechazo a esta burla a las víctimas
de los crímenes de los grupos paramilitares en
Colombia.
Bogotá,
3 de abril de 2010.
(Fin)
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